Desalojo de mujer de 87 años impulsa nuevas protestas por vivienda en Madrid
El desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, provocó nuevas protestas en Madrid contra el encarecimiento de la vivienda y las condiciones del mercado de alquiler. Abascal fue retirada el 23 de septiembre del departamento situado en el barrio de Retiro donde había vivido durante más de siete décadas.
Miles de personas se movilizaron el sábado 26 de septiembre, mientras algunos manifestantes permanecieron durante la noche en la Puerta del Sol y continuaron las protestas al día siguiente.
Entre las principales demandas se encuentran mayor protección para inquilinos, medidas contra prácticas consideradas fraudulentas y la suspensión de desalojos cuando no exista una alternativa habitacional.
Alquiler pasó de 500 a 2 mil 650 euros
Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el padre de Abascal comenzó a rentar la vivienda en 1956 y ella permaneció posteriormente bajo un régimen de alquiler controlado.
El edificio cambió de propietario en 2018 y, según la organización, a la mujer se le ofreció comprar el departamento, pero no tenía capacidad económica para hacerlo.
Posteriormente, el fondo Urbagestión adquirió la vivienda y aumentó el alquiler mensual de 500 a 2 mil 650 euros. Después habría reducido la cantidad a 1,650 euros, cifra que Abascal tampoco podía cubrir con su pensión.
Tras el desalojo, fue trasladada en ambulancia.
“No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, dijo posteriormente en un video.
Gobierno español anuncia medidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó que su administración prepara un Real Decreto Ley sobre vivienda que podría ser presentado en el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre.
El caso ocurre en un contexto de incremento de precios y falta de oferta habitacional en distintas ciudades españolas.
El Banco de España ha estimado un déficit de alrededor de 550 mil viviendas, con una parte importante de la presión concentrada en Madrid, Barcelona y Valencia.
Las protestas continúan mientras organizaciones de inquilinos exigen cambios legales y nuevas medidas de protección.